La justicia paraguaya enfrenta indicios de una posible mutación en los esquemas de litigación irregular en el interior del país. Lo que años atrás se identificó como una estructura de cobranzas masivas a través de juicios ejecutivos, hoy parece haber trasladado su operatividad hacia la figura de la declaración de quiebras, utilizando nuevamente sedes judiciales del departamento de Caazapá como epicentro de sospecha.
La alerta de Ramírez Candia y la anomalía estadística en Caazapá
En la última sesión ordinaria del pleno de la Corte Suprema de Justicia, el ministro Manuel Ramírez Candia, superintendente de la Circunscripción Judicial de Caazapá, expuso una situación estadística que ha generado alarma institucional. El foco de atención se sitúa en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de San Juan Nepomuceno, bajo la titularidad del Abog. Carlos Alberto Rojas Cañete.
Según los datos oficiales presentados por el ministro, este juzgado registró un incremento inusual en su volumen de trabajo: de apenas 25 juicios de quiebras tramitados en 2024, la cifra ascendió a 593 expedientes al cierre de 2025. Este aumento del 2.300% carece de un correlato con la actividad económica de la zona y sugiere la implementación de un esquema de «fórum shopping», donde se radican causas de distintas partes del país en una jurisdicción específica para eludir controles territoriales.
El antecedente de la concentración de juicios ejecutivos foráneos en el Juzgado de Paz
Aunque la sesión de la Corte se centró estrictamente en las cifras del juzgado de primera instancia, la localidad de San Juan Nepomuceno cuenta con antecedentes documentados sobre la captación irregular de causas ajenas a su jurisdicción territorial. El precedente central se sitúa en el Juzgado de Paz del Segundo Turno, que bajo la gestión de la magistrada María Monserrat Vera de Errecarte, operó como una central de cobranzas masiva al concentrar miles de juicios ejecutivos de personas residentes en ciudades distantes.
Ese esquema permitía que estudios jurídicos radicaran demandas masivas lejos del domicilio real de los deudores, dificultando cualquier posibilidad de defensa. La irregularidad técnica de esta «agencia de cobranzas» judicial quedó al descubierto tras hechos que desnudaron el esquema fraudulento, como el secuestro de una ambulancia de la Municipalidad de Maracaná por una deuda de apenas G. 20 millones, un caso que evidenció un sistema de indefensión fabricada mediante la presunta falsificación de notificaciones.
La vigencia de un modelo de gestión bajo sospecha
La actual proliferación de juicios de quiebras bajo la titularidad de Carlos Rojas Cañete sugiere la vigencia de un modelo de gestión anómala. El territorio de San Juan Nepomuceno vuelve a aparecer como el denominador común de expedientes que no guardan relación con el domicilio de los procesados, replicando el patrón de atraer causas externas con la fundada sospecha de conveniencia procesal.
Ante los datos expuestos por el ministro superintendente, el presidente de la Corte, César Diesel, confirmó que la Dirección General de Auditoría de Gestión ya ha iniciado los trabajos para verificar la legitimidad de los 593 juicios de quiebras admitidos. El análisis técnico se centrará en determinar si se han respetado los presupuestos legales antes de dar curso a estos procesos, en un escenario que pone nuevamente en debate la vulnerabilidad del sistema ante estructuras que utilizan el poder judicial para cometer fraude procesal.
