miércoles, junio 3, 2026
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Investigados eternos: el vacío legal que permite mantener bajo sospecha a un ciudadano sin plazo en Paraguay

La Revista Jurídica del Instituto Superior de Estudios del Ministerio Público (Ley n.° 7393/24), en su Volumen 2, Número 16, Edición Abril-Agosto 2026, incluyó la publicación del artículo científico «La investigación preliminar en Paraguay: tensiones entre noticia criminis e imputación», del abogado Alberto Magno Ricardo González.

El trabajo, sometido al proceso de revisión por pares doble ciego, aborda una de las zonas más sensibles —y menos visibilizadas— del sistema penal paraguayo: la fase preinvestigativa, ese tramo que se extiende desde la primera noticia de un presunto hecho punible (notitia criminis) hasta la decisión fiscal de imputar, desestimar o archivar la causa.

Un vacío legal con consecuencias prácticas

El núcleo del análisis es contundente: el Código Procesal Penal paraguayo (Ley n.° 1286/98) no establece un plazo máximo expreso para esta etapa inicial. Mientras la etapa preparatoria formal cuenta con un plazo ordinario de seis meses (art. 324 CPP), la fase preinvestigativa puede prolongarse, en la práctica, hasta el límite global de cuatro años fijado por el art. 136 del CPP.

Esa indeterminación temporal —sostiene el autor— genera un fenómeno que denomina «limbo procesal»: una zona gris entre la denuncia y el acta de imputación formal donde el aparato persecutorio del Estado ya se encuentra activo —se recaban informes, se toman declaraciones, se disponen pericias, incluso se solicitan allanamientos—, pero las garantías derivadas del plazo razonable se diluyen.

«La legitimidad de la justicia penal depende, inexorablemente, de la legalidad y racionalidad con que se den sus primeros pasos», concluye el autor en el cierre del artículo.

La tensión constitucional y convencional

El estudio sostiene que esta indeterminación entra en colisión directa con la garantía del plazo razonable, consagrada en el art. 17 de la Constitución Nacional y en el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La permanencia indefinida bajo investigación —argumenta el trabajo— configura una suerte de «pena anticipada» que estigmatiza al ciudadano sin que medie pronunciamiento formal alguno sobre su situación procesal.

El análisis también identifica una segunda disfunción normativa: la denominada «zona gris» del archivo fiscal. Cuando existe un sospechoso identificado, pero la prueba recabada resulta insuficiente para imputar, el fiscal queda atrapado entre dos institutos legales que no contemplan ese supuesto. No puede archivar (porque el art. 313 CPP solo procede si no se identificó al autor) ni desestimar (porque el art. 305 CPP exige atipicidad manifiesta u obstáculo legal). El resultado, advierte el autor, es la perpetuación del limbo.

Tres propuestas de reforma legislativa

El artículo no se limita al diagnóstico. Formula tres recomendaciones concretas de reforma al CPP:

  1. Establecimiento de un plazo máximo de treinta días hábiles para la fase preinvestigativa, computado desde el primer acto del procedimiento (art. 6 CPP), prorrogable por única vez por treinta días adicionales mediante autorización judicial fundada.
  2. Ampliación de las causales de salidas tempranas, ya sea reformando el art. 305 CPP (desestimación) o el art. 313 CPP (archivo fiscal), para permitir el cierre de investigaciones cuando los elementos de sospecha resulten manifiestamente insuficientes.
  3. Control jurisdiccional de la inactividad fiscal, mediante un mecanismo de queja análogo al previsto en el art. 140 CPP, que permita al sospechoso, indiciado o víctima solicitar al juez penal de garantías el control temporal efectivo de la investigación.

Aporte al debate jurídico nacional

La publicación se inscribe en una línea de producción académica orientada a fortalecer las garantías del debido proceso en Paraguay y aporta al debate sobre la calidad institucional del sistema de justicia penal. La revista incluye resúmenes en español, inglés y guaraní (Ñemombyky), conforme a la política de accesibilidad lingüística del Instituto Superior de Estudios del Ministerio Público.

El artículo está disponible en acceso abierto en las páginas 35 a 53 de la revista.

🔗 Enlace al artículo completo: https://ojs.ministeriopublico.gov.py/index.php/rjmp/es/issue/view/29/46

 

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