Asunción.— La Compañía Administradora de Riesgos S.A. (CARSA) emitió un comunicado oficial rechazando las acusaciones que la vinculan a un presunto esquema de despojo en perjuicio de una docente jubilada identificada como I.L. La empresa ejerció su derecho a réplica ante la publicación del 28 de mayo de 2026 que informaba sobre una denuncia presentada ante la Fiscalía, y detalló el estado de dos procesos judiciales en curso vinculados a créditos originados en Visión Banco SAECA.
Créditos cedidos y contactos frustrados
Según el comunicado del directorio de CARSA, la señora I.L. es titular de dos operaciones crediticias que fueron cedidas a la empresa desde Visión Banco SAECA mediante contratos de cesión de créditos, en cumplimiento de las regulaciones del Banco Central del Paraguay. La firma sostuvo que intentó contactar a la deudora en reiteradas oportunidades, aunque la mayoría de esos intentos no se concretaron, y que todos los registros constan en su base de datos.
Estado de los dos juicios en curso
En el primer proceso, tramitado ante el Juzgado de Paz del Distrito de San Roque, la deuda estaba respaldada por un pagaré de Gs. 6.811.200. El monto demandado fue de Gs. 2.270.400, más un 10% fijado provisionalmente por el juzgado en concepto de gastos de justicia. Se dispuso una medida cautelar de embargo y, a la fecha, CARSA habría percibido Gs. 1.686.150 mediante cheques judiciales. El saldo de capital pendiente asciende a Gs. 674.460, que se encontraría depositado en la cuenta judicial sin haber sido extraído.
En el segundo proceso, radicado ante el Juzgado de Paz de Encarnación, la obligación está respaldada por un pagaré de Gs. 1.720.000, monto que también fue el reclamado judicialmente, más el 10% provisional por gastos. A diferencia del primer caso, este expediente no registra embargo judicial y el monto reclamado permanece impago.
Contacto con la Defensoría del Pueblo y rechazo a las acusaciones
CARSA informó que el 18 de mayo de 2026 mantuvo comunicación directa con la defensora adjunta del Pueblo, la doctora Natalia Sosa, a quien remitió en formato digital la documentación respaldatoria de ambas deudas, incluyendo los pagarés y la composición detallada de cada obligación. La empresa señaló que, al no recibir requerimientos adicionales de parte de la funcionaria, interpretó que había dado cumplimiento al pedido institucional.
En el cierre del comunicado, el directorio de CARSA rechazó categóricamente las afirmaciones que califican su accionar como un esquema de despojo criminal, y sostuvo que publicaciones de esa naturaleza desnaturalizan los hechos ocurridos en el caso de la señora I.L.
